La reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 vuelve a poner en evidencia las limitaciones de un proceso que, lejos de cumplir su objetivo original, ha terminado prolongándose sin resultados concretos, afirmó el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo De Vinatea.En una columna para el diario La República, sostuvo que el proceso de formalización minera no está dando resultados, al recordar que el Reinfo fue concebido como un mecanismo estrictamente temporal, pero que “a fuerza de prórrogas, se ha convertido en un sistema que normaliza la informalidad y debilita la institucionalidad”.En ese sentido, subrayó que este proceso no puede sostenerse únicamente sobre ampliaciones, sino que necesita de otros aspectos. “La formalización minera requiere reglas claras, procedimientos verificables y plazos definidos. También exige recuperar el principio de autoridad del Estado y asegurar que las normas se cumplan”, enfatizó.En esa línea, advirtió que la falta de exigencia termina afectando a quienes sí apuestan por la legalidad. “Sin ello, se termina desincentivando al minero formal y premiando a quienes no demuestran voluntad real de cumplir con la ley”, señaló.Asimismo, planteó que los esfuerzos del Estado deben reorientarse a proteger al formal y brindarle herramientas reales para desarrollarse de manera sostenible.Ley Mape“El Congreso debe priorizar ahora el debate para una Ley MAPE, que promueva a la pequeña minería con criterios técnicos y de sostenibilidad, propiciando en ella el trabajo decente y el cuidado de un entorno saludable”, puntualizó De Vinatea.Finalmente, remarcó que es indispensable que desde el Legislativo se garantice la neutralidad y visión técnica en torno a estos temas, recordando que la política pública no puede responder a intereses particulares ni a cálculos de corto plazo.Como es público, el 26 de diciembre, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 32537 que modifica el Decreto Legislativo Nº1293 para extender el plazo del proceso de formalización minera integral hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal y su reglamento.