El Perú atraviesa una coyuntura decisiva para el futuro de su desarrollo económico y social. Las recientes proyecciones sobre inversión minera, sumadas al avance sostenido de la minería ilegal del oro, evidencian que el país debe adoptar decisiones firmes y coherentes para aprovechar su potencial minero de manera responsable, sostenible y alineada con el interés nacional.

De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, la inversión minera en el Perú alcanzaría alrededor de US$ 6,400 millones en 2026, lo que representaría un crecimiento cercano al 10%. Este nivel no solo superaría los registros prepandemia, sino que marcaría el punto más alto de la última década. Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), consideramos que esta proyección confirma que la minería continúa siendo un pilar clave de la reactivación económica, la generación de empleo formal y el desarrollo de infraestructura en las regiones.

Sin embargo, este dinamismo de la minería formal convive con una amenaza creciente: la expansión de la minería ilegal del oro, que no tributa, no cumple estándares ambientales ni sociales. En ese sentido, coincidimos con el análisis del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico que sostiene que, si el país lograra incorporar más producción de oro al circuito formal, la recaudación fiscal podría incrementarse de manera significativa.

Esta situación se agrava cuando observamos que la minería ilegal del oro se ha convertido en una de las principales actividades del crimen organizado. Diversos análisis internacionales muestran que esta práctica ilícita está desplazando incluso al narcotráfico tradicional, al ofrecer menores riesgos, alta liquidez y escasa fiscalización. 

El Perú aún está a tiempo de revertir esta tendencia. Consolidar un sector minero fuerte, formal y competitivo permitirá generar riqueza, recaudar más impuestos, impulsar el desarrollo regional y cerrar el espacio a las economías criminales. 

Desde el IIMP sostenemos que la respuesta debe ser integral: liderazgo político, promoción decidida de la inversión minera formal, aceleración real de la formalización, fortalecimiento de la fiscalización y una lucha frontal contra la minería ilegal. La oportunidad está sobre la mesa; desaprovecharla tendría un costo demasiado alto para el país.

Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente IIMP