El crecimiento de 90.4% en la inversión en infraestructura minera registrado en noviembre de 2025, que alcanzó los US$ 180 millones, constituye una señal clara de confianza del sector en el país y de dinamismo en la ejecución de proyectos. 

Este avance no solo refleja una recuperación sostenida frente a los niveles de 2024, sino también el esfuerzo de las empresas por modernizar, ampliar y optimizar sus instalaciones en un contexto aún marcado por la incertidumbre regulatoria, social y política.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) consideramos que este impulso debe ser leído como una oportunidad estratégica para el Estado. La inversión en infraestructura minera tiene un alto efecto multiplicador en empleo, encadenamientos productivos y desarrollo territorial. 

De otro lado, la promulgación del Decreto Legislativo N° 1695 representa un avance relevante en el fortalecimiento del marco penal contra la minería ilegal. Al incrementar las penas y ampliar el alcance del delito hacia actividades conexas como el beneficio y el tráfico ilícito de minerales, el Ejecutivo envía una señal política firme frente a una actividad que genera pérdidas económicas significativas y graves impactos ambientales, sociales y de seguridad.

Sin embargo, el verdadero desafío está en la implementación efectiva de la norma. Sin una articulación sólida entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y las entidades de fiscalización, el endurecimiento de penas corre el riesgo de quedarse en el papel. 

En el plano político, la revisión de los planes de gobierno de cara a las elecciones de 2026 revela una preocupante ambigüedad de varios partidos políticos frente a la minería ilegal. El hecho de que al menos diez organizaciones no adopten una posición clara para descartar nuevas ampliaciones del Reinfo genera incertidumbre y envía señales contradictorias al país.

Desde el IIMP reiteramos que la lucha contra la minería ilegal no puede estar sujeta a cálculos electorales. El país necesita liderazgo político, coherencia programática y decisiones firmes. La formalización minera debe ser un proceso con plazos claros y exigencias técnicas reales, no un mecanismo indefinido que termine legitimando actividades ilegales. 

Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente del IIMP