La reciente designación de Mayra Figueroa Valderrama como viceministra de Minas representa una oportunidad para fortalecer la conducción del sector en un momento particularmente desafiante para el país. Su experiencia en sostenibilidad y articulación minera puede contribuir a impulsar una agenda que hoy exige liderazgo, coordinación institucional y decisiones firmes. 

El contexto es complejo. La minería ilegal se ha consolidado como una de las economías ilícitas más extendidas en el Perú. Un reciente estudio de Ipsos para el colectivo País Seguro (PAS) muestra con claridad la preocupación ciudadana: el 86% de los peruanos considera que la minería ilegal es un delito, y el 43% la identifica como la actividad ilícita que más dinero mueve en el país, incluso por encima del narcotráfico.

Esta percepción refleja una mayor conciencia pública sobre los impactos de este flagelo. La minería ilegal no solo evade impuestos y opera al margen de la ley, también genera graves daños ambientales, distorsiona las economías locales y debilita la institucionalidad en los territorios donde se expande.

A esta realidad se suma otro dato que evidencia la magnitud del problema: se estima la existencia de alrededor de 2,000 plantas de procesamiento informales e ilegales en el país. Esto demuestra que el desafío no se limita a la extracción ilegal, sino que abarca igualmente eslabones críticos de la cadena de procesamiento y comercialización del mineral.

Frente a este escenario, la respuesta del Estado debe ser integral y sostenida. La lucha contra la minería ilegal no puede limitarse a acciones aisladas de interdicción. Requiere fortalecer la fiscalización, mejorar la trazabilidad del mineral, cerrar los espacios que permiten el procesamiento ilegal y avanzar en procesos efectivos de formalización para los pequeños productores que sí desean operar dentro de la ley.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú sostenemos que la minería formal debe ser parte central de esta solución. El reto para las autoridades es grande, pero también es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad minera y enfrentar con decisión una de las principales economías ilícitas del país.

Juan Carlos Ortiz, presidente electo del IIMP