De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el empleo generado por la actividad minera al cierre de 2024 fue el mayor hito histórico de este indicador, con un promedio de 238,860 trabajadores. El más reciente Boletín Estadístico Minero informa que en el primer trimestre del año en curso, la actividad minera peruana empleó de manera directa a 242,176 trabajadores, evidenciando un incremento de 1.4% respecto al promedio anual de 2024. 

En ese sentido, coincidimos con Roque Benavides, quien resalta la importancia de la industria minera para la creación de puestos de trabajo y confiamos en que si se activan todos los proyectos que tiene en cartera el país, se podrían generar 2.3 millones de empleos indirectos, esto si se fortalece el trabajo conjunto entre el Estado, la empresa privada y la sociedad. 

Recordemos que un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) de 2024, da cuenta que el empleo minero posee un efecto multiplicador en la economía peruana porque la minería está encadenada a otros sectores. Así, el estudio concluye que, por cada puesto que se genera directamente en el sector, se originan ocho adicionales, siendo clave para la economía nacional y la integración de las comunidades en los beneficios del desarrollo minero, pues en las operaciones también se ocupa a trabajadores locales. 

Finalmente, no nos cansaremos en recalcar que la minería ilegal es una gran amenaza para el país, pues afecta a todos los peruanos. Tal como manifiesta Miguel Cardozo, dicho flagelo ya obstaculiza la exploración en varias zonas, al extremo de que el trabajo se hace inviable en algunos sitios, con ello la minería ilegal se convierte en la principal amenaza para el hallazgo de nuevas minas. 

La pequeña minería y minería artesanal generan empleo para miles de peruanos, por lo que urge garantizar condiciones adecuadas para su desarrollo. Insistimos en un llamado a las autoridades para fortalecer la presencia del Estado en los ámbitos donde la minería ilegal se ha impuesto, necesitamos vivir y trabajar en entornos seguros, y la institucionalidad y el Estado de derecho son fundamentales.

Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente IIMP