Por: Manuel R. Montenegro.

La cantidad de conflictos sociales ligados al sector minero ha tenido mucha mayor frecuencia  en la sociedad peruana durante las últimas dos décadas, siendo algunos de los más sonados el caso de la paralización de Minas Conga, operado por Minera Yanacocha desde el 2011; el bloqueo de todo el corredor sur por más de cien días durante el 2019, que afectó a las principales mineras cupríferas del sur del país, entre ellas Las Bambas (Apurímac), Antapaccay (Cusco), Cerro Verde (Arequipa), y la paralización del proyecto Tía María, operado por la mexicana Southern Peru Copper Corporation durante el 2019, entre otros. 

Es indudable que la minería es un motor importante para la economía peruana, ya que en promedio en la última década representó el 9% del PBI e incluso el año pasado fue el 12% (Banco Central de Reserva del Perú, 2019). Pero ¿cuánto valor pierde realmente una mina en operación debido a los conflictos sociales? Buscando absolver esta interrogante, el presente ensayo tiene el objetivo de mostrar que existe una relación directa entre la conflictividad social y el valor actual neto de una mina en operación, además pretende cuantificar esta pérdida de valor para un caso académico basado en información pública de una mina de cobre del sur del Perú. 

Con la finalidad de tener un mejor entendimiento de la problemática que se busca solucionar, en primer lugar, se explicará algunos conceptos relacionados a los conflictos sociales, luego se detallará la conflictividad social para el sector minero en el contexto peruano, y finalmente se desarrollará la cuantificación de la pérdida de valor de una mina usando como factores de impacto a los ingresos totales y al riesgo país vinculado a la cantidad de conflictos sociales.

Según el diccionario de la lengua española, un conflicto se define como: “oposición o desacuerdo entre personas o cosas”. Siendo así como el concepto previamente mencionado lo indica, el conflicto se genera de un desacuerdo basado principalmente en las percepciones, y si estas son reales, ya que si una persona o un grupo de personas siente que existen diferencias, ya se estará generando un conflicto. 

Aplicando el concepto al ámbito de los conflictos sociales, podemos encontrar la siguiente definición: “el conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”,(Defensoría del Pueblo, 2020). Pero muchas veces se asocia el concepto de conflicto social con el de violencia, no siendo estos lo mismo, ya que la violencia es la manifestación destructiva del conflicto social, según el reporte mensual de conflictos sociales número 199. 

Los conflictos sociales pueden ser de carácter socioambiental, de asuntos de gobierno nacional, comunal, de asuntos de gobierno local, de asuntos de gobierno regional, laboral, de demarcación territorial, y electorales, principalmente. En el contexto peruano, la mayor cantidad de conflictos está concentrado en el rubro medioambiental, siendo que a septiembre del 2020 representan un 66% del total de conflictos reportados (Reporte de Conflictos Sociales N° 199, 2020). De los cuales un 62% (77 casos) son relacionados a la actividad minera, número que es directamente proporcional al aporte económico que genera la minería para la economía peruana. 

En líneas generales existen algunas causas principales que han favorecido al desarrollo de los conflictos sociales asociados a la minería, como el impacto ambiental, los problemas territoriales, la violación de los derechos humanos, falta de cumplimiento de políticas de Responsabilidad Corporativa Social y a una combinación de las mencionadas causas aunadas a la solicitud de mayores beneficios económicos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013).

En muchas ocasiones, se puede tener demandas irrealistas y que escapan a la responsabilidad de la empresa minera, pues competen al Estado; y es así que se llega a un estado de bloqueo de accesos, enfrentamientos con las autoridades donde en muchas ocasiones se agravia el uso de la fuerza por ambos bandos, así como perdida material de las empresas mineras o propietarios de las zonas donde se lleva a cabo las protestas. 

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), las minas cupríferas del sur del país dejaron de exportar un total de 82,000 toneladas de cobre fino en el periodo de enero a agosto del 2019, lo que generaba una pérdida de más de US$ 500 millones con tan solo veinticinco días de bloqueo al momento de reportada la cifra; este estimado se dio en base a la producción de cuatro empresas cupríferas del sur del Perú ( Las Bambas, Antapaccay, Cerro Verde y Constancia) afectadas por el bloqueo de carreteras a Arequipa impidiendo llegar a Matarani, el cual es el punto final dentro del territorio nacional para la venta de concentrado de cobre. 

Además, según la información oficial reportada por la empresa china australiana MMG Limited, la mina Las Bambas tuvo pérdidas de 20,000 toneladas de cobre durante el 2019, debido al bloqueo ilegal de vías de más de cien días de duración; habiendo producido un total de 382,518 toneladas de cobre equivalente en concentrado, estas pérdidas ascienden al cinco por ciento del total producido. 

Tomando como ejemplo la mina previamente mencionada, se puede deducir que al postergar la producción de metal debido a los bloqueos ocasionados por los conflictos sociales en una mina, decrece su producción de mineral y, por ende, su producción de metal, ya que por su naturaleza anisotrópica inherente de un yacimiento minero no se puede seguir produciendo lo planificado si no se tienen los insumos requeridos como lo son el combustible, la emulsión explosiva, el personal operativo, reactivos para la planta, repuestos de equipos, que son transportados a través de una compleja logística terrestre continua al ser cantidades mayores. Entonces al reducir, la cantidad de metal a vender durante un periodo se deduce que su flujo de caja se altera negativamente en el corto plazo y, por ende, su valor actual neto decrece ya que los flujos más cercanos al momento cero son los que tienen mayor peso en el cálculo del VAN.  

Aparte del impacto en la producción de metal de una determinada mina debido a conflictos sociales, se considera otro factor en la evaluación del presente ensayo que es la tasa de descuento considerada para hallar el valor actual de un determinado flujo de caja; siendo que a mayor tasa de descuento considerada el valor presente total decrecería. Esta tasa de descuento será hallada usando el modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM), para lo cual es necesario conocer la tasa libre de riesgo, el beta desapalancado, el rendimiento de mercado y el riesgo país; para los primeros factores se usará data proporcionada por Damodaran (rf = 4.13%; rm = 13.44%; β = 1.31; Riesgo país = cálculo) mientras que para el último factor se realizará un análisis de regresión entre la cantidad de conflictos sociales y el riesgo país. 

Para ello, la Defensoría del Pueblo a través de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, recopila y comparte la data de todos los conflictos sociales en el Perú a través de sus reportes que se publican de manera mensual en donde se muestra el desarrollo de la cantidad de conflictos sociales; mientras que el Banco Central de Reserva a través de sus estadísticas históricas del EMBI nos proporciona la información de riesgo país histórica, la cual anualizaremos. 

Para el análisis del presente ensayo se consideró la data desde el año 2009 al 2019, cuyas ratios de conflictos sociales por mes varían entre los 183 y los 262, así como los ratios de riesgo país para el mismo periodo varían entre 1.29 y 2.19 p.p. De la correlación realizada entre estas dos series de datos se observa un coeficiente de correlación positiva de 0.68; siendo la correlación descrita por la función lineal (Riesgo país = 0.0115 x Número de conflictos sociales – 0.7268). 

Habiendo ya revisado en los dos párrafos anteriores, los dos factores a evaluar para determinar el impacto en el valor de una mina en operación debido a los conflictos sociales, pasaremos a describir las asunciones básicas realizadas para el cálculo.  Se asume una mina a gran escala productora de concentrado de cobre con un horizonte de evaluación de quince años, con un total de reservas de 369 millones de toneladas de mineral con una ley promedio de 0.83% de cobre y subproductos de oro y plata con unos términos de venta de concentrado estándar del mercado. 

Además de ello, se asume que al ser una mina en operación no tendrá activos para depreciar o amortizar hasta el fin de su vida, así como un costo de sostenimiento de las operaciones de US$ 194 millones anuales. Asimismo, se considera un ratio de desbroce de 3.2 constante, una recuperación metalúrgica de 89% y un ratio de concentración 30. Tiene como costos de minado de mineral, costos de minado de desmonte, costos de tratamiento y costos de G&A a 1.10 $/tonelada, 1.20 $/tonelada, 7.00 $/tonelada y 1.10 $/tonelada respectivamente. Mientras que paga impuesto a la renta de 29%, y otras contribuciones como regalías, impuesto especial a la minería y gravamen especial a la minería. Siendo el escenario descrito, una mina similar a las grandes cupríferas del sur del Perú. 

Finalmente se tiene como consideración que todo el cálculo de flujo se hace con capital propio y sin apalancamiento, pues esto distorsionaría el resultado que se busca al no tener el mismo apalancamiento una empresa que otra. Además, hay que tener en consideración que la valuación de una mina operando a plena capacidad puede estar afecta a diversos factores como el precio de los metales, el clima hostil hacia la actividad minera, modificación de la legislación minera y tributaria, eventos negativos en la casa matriz si fuera el caso (Sanchez, Torres & Trujillo, 2017). Siendo el presente caso, afecto solo por el número de conflictos sociales en el Perú a través del riesgo país, y por la cantidad de producción perdida o postergada debido a las no condiciones de normal operación. 

Los escenarios analizados fueron diversos, ya que se realizó un análisis de sensibilidad del VAN económico variando el incremento de pérdida de producción por conflictos sociales y el incremento de casos de conflictos sociales. El caso base tiene como VAN económico de la mina un total de US$ 609 millones, donde la cantidad de conflictos sociales se mantiene según la data del año anterior, la cual nos da un valor de riesgo país de 1.37%, mientras que tampoco se tiene pérdida alguna por conflictos sociales. 

En primer lugar, si se considera un aumento del 25% de casos de conflictos sociales, se obtiene un incremento en el riesgo país de 0.52%, lo cual afecta negativamente al VAN en 2%, lo que representa un total de US$ 0.98 millones; mientras que si se aumenta un 50% de casos de conflictos sociales, se obtiene un incremento en el riesgo país de 1.05%, lo cual afecta negativamente al VAN en 4%, lo que representa un total de US$ 0.96 millones. 

En segundo lugar, si se considera una pérdida del 5% de la producción de metal total durante cada año al ser un problema constante, se obtiene que el VAN disminuye en 13%, lo que representa un total de US$ 78 millones; mientras que, si se considera una pérdida del 20% de la producción de metal total durante cada año al ser un problema constante, se obtiene que el VAN disminuye en 45%, lo que representa un total de US$ 272 millones.

Estos números se ponen como ejemplo, ya que se hizo el análisis con variaciones de pérdida de producción desde 0% a -40% cada 5%, a la vez que se hicieron variaciones en el incremento de casos de conflictos sociales desde 0% a 60% cada 5%, cuyos cálculos podrán ser compartidos a solicitud. 

En conclusión, el valor de una mina en Perú puede perder hasta un 4% de su valor, solo por el efecto del riesgo país si aumentan en la mitad los casos que se tiene actualmente; mientras que puede perder entre un 13% a un 45% de su valor si no se solucionan los conflictos sociales en una determinada región y son una constante anual de la región y del sector. 

Este cálculo está orientado al estimado del valor de un solo proyecto cuprífero ubicado en el sur del Perú, tomando como benchmarking las minas que habitan el sector, así como datos financieros promedio y data de conflictividad que aún podría ser mejorada en cuanto a su calidad. Pero no debemos olvidar que si contamos el efecto multiplicador de la cantidad de minas y la cantidad de regiones (norte, centro y sur) esto causaría además del impacto negativo en el valor de la mina y, por ende, de la compañía, un efecto negativo en la economía peruana al ser dependiente en al menos un 10% de la minería.  

Referencias

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Anexos