Como ciudadanos, debemos cuidar nuestra institucionalidad a diario. No se necesita un dictador para destruir una democracia. Basta con el desgaste de la credibilidad, con pequeñas renuncias cotidianas a la ética, con la normalización de lo inaceptable, con la costumbre de convivir con la corrupción, con la mentira o con la improvisación, como si fueran parte inevitable de nuestro entorno.

El Perú atraviesa un momento en el que está en juego esa institucionalidad que debe darnos las herramientas para prosperar como ciudadanía. No es solo una coyuntura política, un gabinete o un Congreso. Lo que está en riesgo es algo más profundo: la confianza en el país. Y cuando la confianza se erosiona, se resienten las inversiones, el empleo, la cohesión social y, finalmente, la esperanza de un futuro mejor.

En las últimas dos décadas, hemos construido un piso de estabilidad económica que permitió crecer y reducir la pobreza en 30 puntos porcentuales. No fue producto del azar, sino de reglas claras, disciplina fiscal, apertura al mercado internacional, respeto por la institucionalidad y trabajo. Esa credibilidad costó años edificarla, pero podemos perderla de inmediato.

Hoy vivimos una peligrosa paradoja: parte de esa herencia económica aún se sostiene, pero la inestabilidad política se ha vuelto crónica y genera fatiga moral. El ciudadano se cansa, el emprendedor se desalienta, el profesional competente duda si vale la pena involucrarse en lo público. Ese cansancio es terreno fértil para soluciones autoritarias que prometen orden sin límites ni contrapesos.

Es momento de reivindicar una palabra que no siempre pronunciamos con suficiente fuerza: República, que significa límites al poder. Significa que nadie está por encima de la ley. Significa que las instituciones son más importantes que la autoridad de turno.

El país necesita recuperar un acuerdo mínimo: reglas estables para todos, meritocracia, rendición de cuentas y respeto irrestricto al Estado de derecho. No se trata de ideologías, sino de estándares básicos de convivencia democrática.

Los colegios profesionales, las empresas y la ciudadanía organizada tenemos un rol que cumplir. Defender la ética, elevar el debate público, exigir transparencia y actuar con visión de largo plazo no son gestos simbólicos: son condiciones para que la democracia no se “gaste”. El Perú ya demostró que, cuando se ordena y respeta sus reglas, avanza. Depende de nosotros que vuelva a hacerlo.

Darío Zegarra, presidente del IIMP.