El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) expresa su profunda preocupación frente al predictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que propone reducir de 30 a 15 años el plazo de las concesiones mineras. 

Medidas como las planteadas debilitan el marco formal y la seguridad jurídica sobre los territorios, concediendo oportunidades para la minería ilegal. El país debe priorizar la seguridad, fortalecer la institucionalidad y proteger sus recursos de estas mafias. Aún más cuando el 70% de concesiones invadidas por mineros informales pertenecen a pequeños mineros y mineros artesanales, que no están siendo protegidos por el Estado. 

Cabe recordar que a la fecha el Ejecutivo no ha cumplido con lo dispuesto a través de la Sunafil, de establecer reglamentos para verificar que los titulares del Reinfo tengan a sus trabajadores en planilla, según las normas laborales vigentes. Tampoco ha llevado a cabo el Censo Minero para determinar la ubicación exacta de las operaciones ni las condiciones de estas.  

El predictamen revela una preocupante falta de entendimiento del proceso minero. La concesión no es un fin en sí misma, sino el inicio de un ciclo complejo que incluye exploración, desarrollo, producción por etapas, reposiciones y ampliaciones. Estos procesos requieren estabilidad jurídica y horizontes de largo plazo. Los últimos proyectos de gran minería que se han desarrollado en el Perú han demorado en ejecutarse cuatro décadas. 

De igual manera, es importante señalar que en 2025 se presentaron 11 mil petitorios mineros de los cuales el 65% fue de pequeños mineros. Por lo tanto, es falso que este sector no pueda acceder a concesiones o que estas estén ocupadas por la gran minería.    

El sistema de concesiones mineras peruano ha sido reconocido a nivel internacional y ha permitido poner en valor nuestros recursos minerales, generando inversión, empleo y desarrollo territorial. Modificarlo sin un análisis técnico riguroso implica retroceder. El país debe enfocarse en sus verdaderos desafíos que son agilizar la evaluación de proyectos, mejorar los procesos de permisos y consolidar herramientas como la Ventanilla Única Digital para el sector minero. Asimismo, es urgente avanzar en una Ley MAPE que promueva el desarrollo sostenible de la pequeña minería y contribuya a su formalización.

Desde el IIMP hacemos un llamado al Congreso de la República a actuar con responsabilidad y apertura al diálogo técnico, evaluando con rigor las implicancias de esta propuesta. El Perú necesita reglas claras, estabilidad y visión de largo plazo para aprovechar sus recursos en beneficio de todos los ciudadanos.

La Molina, marzo de 2026