El sector minero peruano atraviesa un momento decisivo. Conviven señales positivas de inversión con riesgos que, de no gestionarse adecuadamente, pueden comprometer su desarrollo en el mediano y largo plazo. El desafío es claro: aprovechar el contexto favorable de los minerales críticos sin debilitar las condiciones que hacen posible la inversión.

En el frente productivo, la aprobación de más de US$ 700 millones para la expansión de la unidad minera Toromocho constituye una señal relevante. Este tipo de inversión no solo consolida la posición del Perú como uno de los principales productores de cobre, sino que también refleja confianza en la capacidad del país para sostener y ampliar su oferta minera.

Sin embargo, estos avances coexisten con desafíos estructurales. La declaratoria de emergencia en distritos de Cajamarca por el incremento de la minería ilegal evidencia que el problema sigue expandiéndose en el territorio. No se trata solo de un tema de seguridad, sino de un factor que afecta directamente la gobernabilidad, la sostenibilidad ambiental y las condiciones para el desarrollo de la minería formal.

A este escenario se suma la preocupación por eventuales cambios en el régimen de concesiones mineras. La posibilidad de introducir modificaciones que afecten la predictibilidad jurídica genera una señal de alerta para el sector. 

Comprometer una cartera de inversiones estimada en más de   US$ 64 mil millones tendría impactos directos en la generación de empleo, en el canon y en el desarrollo de las regiones. La experiencia internacional es clara: la inversión minera se dirige hacia países que ofrecen reglas estables y condiciones previsibles.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú reiteramos que la minería formal es un pilar del desarrollo económico y territorial. Para sostener ese rol, es indispensable fortalecer la institucionalidad, enfrentar con firmeza la minería ilegal y evitar señales que introduzcan incertidumbre en el sector.

El momento es favorable, pero las decisiones que se tomen hoy definirán si el país consolida su posición minera o pierde una oportunidad que no será permanente.

Juan Carlos Ortiz, presidente electo del IIMP