En el primer bimestre del año, la actividad minera transfirió más de S/ 2,351 millones a las regiones del país, a través de los conceptos de canon minero, regalías mineras, así como el derecho de vigencia y penalidad. Una cifra alentadora que permitirá la realización de obras y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que residen en las zonas cercanas a las operaciones.

El sector minero ha expresado reiteradas veces su voluntad de contribuir con los funcionarios públicos a cargo de gestionar estos recursos, para fortalecer sus capacidades en la ejecución de proyectos que ayuden a cerrar las brechas sociales y así impactar de manera más amplia en la población, con mejores oportunidades de desarrollo en el ámbito de la salud, educación, trabajo, etc.

En este periodo de 2024, las regiones que recibieron mayores transferencias fueron Áncash con más de S/ 497 millones (21.1%), Arequipa superando los S/ 346 millones (14.7%), Ica con más de S/ 264 millones (11.2%) y Tacna con más de S/ 230 millones (9.8%). Esperamos que sean estas también las que lideren la realización de proyectos para beneficio de su población, se eleven sus índices de desarrollo y sean ejemplo para replicarse en las demás regiones.

Si bien esa es una importante forma de apoyar el desarrollo sostenible del país, la industria minera también impulsa diversas iniciativas propias para ello y, sobre todo, produce minerales críticos, como el cobre, para la transición energética, que mitiga el calentamiento global.

Todos estos son esfuerzos valiosos. Sin embargo, Fabiola Muñoz, exministra del Ambiente, señaló en el reciente seminario Rumbo a proEXPLO 2025 que lo que necesita nuestro país es detener la deforestación, causada principalmente por la minería ilegal. Como consecuencia de la pérdida de miles de hectáreas de nuestros bosques, ella advirtió que estaremos en riesgo de desabastecimiento de agua.

En ese sentido, compartimos la preocupación por la afirmación en la que indicó que “de nada va servir la transición energética, si no detenemos la deforestación”. Esta es una tarea que debe liderar el gobierno, pero en la que todos los sectores y ciudadanos debemos contribuir.

Finalmente, el avance de la minería ilegal, con la contaminación y criminalidad que conlleva, ha exacerbado a la población. Es así que la comunidad Wampís, en la región Amazonas, retuvo a nueve personas vinculadas con esa actividad, para exigir a las autoridades que tomen cartas en el asunto, quienes por disposición fiscal, ya se encuentran bajo detención preliminar.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, hacemos un llamado a las autoridades para que fortalezcan el trabajo multisectorial y pongan un alto a esta actividad ilícita que está dañando al país y las oportunidades de crecimiento de la industria formal.

Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente IIMP