El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz manifestó su descontento por la decisión reciente del Ejecutivo de allanarse a la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1607, que contemplaba medidas para frenar el avance del crimen organizado asociado a la minería ilegal.

“Esperábamos un análisis más exhaustivo sobre la pertinencia de dicha medida que condujera a una señal clara de lucha contra la criminalidad. Sin embargo, el Ejecutivo procedió sin reparo alguno, a dar marcha atrás sobre una norma que ellos impulsaron meses atrás y consideraban necesaria para combatir el crimen organizado, promulgando la Ley N° 31989 en edición extraordinaria del diario El Peruano la noche del último miércoles”, explicó.

Asimismo, sostuvo que causa desazón y mucha incertidumbre en el gremio empresarial que el Poder Ejecutivo se haya allanado a la decisión errada del Congreso de la República de derogar parcialmente el decreto legislativo que contemplaba medidas para combatir el crimen organizado asociado a la minería ilegal en el país.

Como es público, la ley tiene la firma de la presidenta Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, pese a que diversas organizaciones empresariales enviaron un comunicado rechazando la decisión del Legislativo de derogar dicho decreto porque significaba un retroceso en la lucha contra la criminalidad.

“Reiteramos que debe haber una diferenciación entre los mineros que realmente quieren formalizarse con aquellos que incurren en minería ilegal, que actualmente utiliza la inscripción al Reinfo como blindaje para llevar a cabo sus actividades ilegales, sin que haya detrás ninguna intención de formalizarse. Esto es precisamente lo que buscaba cambiar la disposición complementaria hoy derogada”, detalló Gobitz.

En ese contexto, remarcó que el país necesita en la actualidad de medidas firmes para combatir al crimen organizado y la minería ilegal que agobian a la sociedad peruana.

“Con el amplio aval del Congreso, ahora podrán seguir extrayendo con total impunidad en operaciones mineras, sin control ambiental ni fiscalización policial, aumentando el riesgo de que siga campeando el crimen organizado, la extorsión, trata de personas y un largo etcétera de vicios que ninguna autoridad parece estar dispuesta a frenar”, puntualizó.