30 Edición Semanal La propuesta es concreta: exigir que todas las plantas que procesan minerales de terceros realicen sus pagos exclusivamente a través del sistema financiero –ya sea mediante cuentas bancarias o billeteras digitales–. Esta misma obligación debería extenderse a los acopiadores que compran minerales para venderlos posteriormente a dichas plantas. De implementarse, la medida forzaría a que cualquier productor que desee comercializar minerales –sea formal, informal o inscrito en el Reinfo– cuente con una cuenta bancaria o una billetera digital (como Yape o Plin), registrada a nombre del concesionario, del titular del Reinfo o del acopiador correspondiente, así como de sus proveedores. El impacto sería inmediato. La bancarización permitiría a la Sunat y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) monitorear con mayor eficacia el pago de impuestos y detectar operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos. Pero no solo eso: también se convertiría en una poderosa herramienta de trazabilidad, capaz de revelar el origen de los minerales que ingresan a las plantas de procesamiento. El rastro financiero abriría la puerta a controles más profundos. ¿Dónde se adquieren los explosivos? ¿Quién provee mercurio, cianuro u otros insumos restringidos? ¿Existen planillas de trabajadores? ¿De qué concesión minera proviene el mineral comercializado? Estas preguntas, hoy difíciles de responder, podrían ser auditadas con mayor claridad. Asimismo, la información generada facilitaría la fiscalización ambiental y laboral, permitiendo identificar respon-
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